¿Estudias o reclamas?

Ya estamos a final de curso y con él las llegan las evaluaciones finales y la “temible” selectividad.

Como cada año los alumnos se esfuerzan para dar el último tirón y sacar las mejores notas posibles para conseguir el acceso a la carrera universitaria de sus sueños.

Pero además de este sprint final últimamente los estudiantes de selectividad y bachillerato están recurriendo a otras técnicas para subir su expediente académico.

Todo empezó con las reclamaciones en selectividad en sus dos variantes: la revisión de exámenes y la doble corrección. La mayoría se decanta por la revisión ya que se asegura la nota. Se vuelve a corregir la prueba en cuestión sin peligro de que la nota disminuya (véase el artículo).

Se ha llegado al extremo de que más del 60% del alumnado en la Universidad Autónoma de Madrid ha reclamado sus pruebas de selectividad (véase el artículo).

Pero esta tendencia inconformista con la nota se ha contagiado al bachillerato y se está observando un aumento de las reclamaciones en 2º de bachillerato e incluso en 1º.

Las razones argumentadas para la reclamación no son el aspecto más importante de las mismas, valga como ejemplo la reclamación de un estudiante que arguyó que era imposible que hubiese suspendido un examen final de cierta asignatura ya que era el mismo que ya había suspendido en una ocasión y que como consecuencia de dicho suspenso se lo había estudiado...

De hecho, la faceta más importante de las reclamaciones son las reclamaciones en sí, ya que obligan a segundas correcciones en un primer momento, a segundas evaluaciones y por último a la intervención de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones (CTPR).

Dicha comisión depende de la Delegación Provincial de Educación y se encarga de recabar toda la información posible de la marcha del alumno en cuestión a lo largo del curso en la asignatura reclamada, además de la programación de la asignatura, prestando especial atención a los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y las pruebas escritas (en las que debe aparecer por escrito la valoración de cada pregunta).

Evidentemente todo el proceso conlleva un trabajo burocrático extra que, por supuesto, debe ser llevado a cabo por el profesor de la asignatura reclamada y/o su departamento.

Al final del proceso de reclamación, la CTPR dicta la nota del alumno en dicha asignatura, que por regla general es mayor que la otorgada por los profesores, y como poco es la misma.

Así pues el alumno no tiene nada que perder... ¡A reclamar se ha dicho!

Con todo esto pienso que el mensaje que se le está dando a nuestros jóvenes es muy peligroso: “ No seas tonto. Si quieres ser de los mejores no hace falta que te esfuerces al máximo; es mejor que conozcas los vericuetos legales y demás artimañas que te permitan ascender en la sociedad aunque no te lo merezcas.”

¿Es esto lo que queremos de nuestros futuros médicos, arquitectos, ingenieros,...?

Fotografía de Enrique Dans

La guardería futura

Desde no hace mucho tiempo las antiguas guarderías infantiles han dejado de existir para convertirse en centros infantiles de 0 a 3 años. La razón para este cambio de nombre es que el término guardería hace referencia exclusivamente a la acción de guardar; y por lo tanto se queda corto el significado, ya que además de cuidar y guardar a sus clientes también les enseñan cosas.

Es curioso que la Administración se ocupe de esta matización en la nomenclatura de esta etapa educativa y, sin embargo, esté empeñada en convertir los centros de otras etapas educativas en guarderías de hecho.

Me explico: los centros de educación secundaria en principio eran centros donde el alumnado se formaba y aprendía cosas que les pudiera servir para abordar una formación futura con garantías de éxito tanto a nivel académico como profesional. Sin embargo, en la actualidad cada vez es menor este aspecto formador de los centros de secundaria, y mayor el carácter “educador” y “cuidador” de los adolescentes.

Es más, se quiere ampliar este carácter cuidador de los centros de secundaria ampliando los días lectivos y haciendo obligatorias la organización y desarrollo de actividades extraescolares en horario de tarde.

Está claro que en la sociedad actual en la que vivimos es cada vez más necesario que los padres y las madres se dediquen a ganar dinero sin que ninguno de ellos pueda quedarse en casa. Además, las empresas cada vez exigen más a sus empleados, por lo que los padres cada vez menos disfrutan del tiempo necesario para ocuparse de sus descendientes cuando éstos no permanecen en los centros educativos.

Evidentemente, la Administración debe dar solución a este problema, porque no todas las familias disponen de familiares o amigos que cuiden a sus hijos durante los periodos de tiempo en los que no hay clase; pero pienso que es erróneo proponer que sean los propios centros educativos los que solucionen los problemas.

Se le exige al profesorado que además de burócrata, vigilante, cuidador y, en última instancia, enseñante, sea animador socio-comunitario. Esto supone un deterioro aún mayor de su autoridad ante el alumnado y un mayor desgaste de la moral del docente, por lo que cada vez será más difícil enseñar, promover la convivencia pacífica y lograr que el alumnado alcance los objetivos previstos.

Considero que una solución más lógica es que sean los animadores socio-comunitarios quienes actúen como animadores socio-comunitarios, y dejar a los docentes como labor fundamental la docencia.

No cabe duda de que adjudicar la animación socio-comunitaria al profesorado es una solución más barata. Pero conducirá a un empeoramiento de la calidad de la enseñanza en nuestros centros que próximamente pasarán a llamarse GPA: Guardería Pública de Adolescentes.

Antonio Carrasco Márquez

Profesor de Enseñanza Secundaria

Money

La educación pública en España y sobre todo en Andalucía presenta unos niveles de excelencia pésimos según se desprende de los resultados del informe PISA, que compara los niveles de conocimiento en diversas materias, como matemáticas y lengua, entre los adolescentes de múltiples paises de todo el mundo. Además, los niveles de violencia entre adolescentes son cada vez más preocupantes.
Para solucionar este gravísimo problema la Junta de Andalucía y más concretamente la Consejería de Educación ha lanzado un plan para la mejora de los resultados de los estudiantes.
Dicho plan consiste en pagar a los profesores hasta 7000 € siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.
Estos requisitos son, entre otros, aumentar el número de aprobados, promocionados y titulados.
Evidentemente estas mejoras estadísticas dependen directamente de la evaluación del profesorado.
Ésto se puede interpretar como un burdo soborno, como un intento de delegar la responsabilidad del fracaso del sistema educativo exclusivamente al profesorado, como una solución demagógica que no busca solucionar el problema sino solo maquillarlo o todo a la vez.
Por lo tanto no cabe otra postura que el rechazo frontal ante este desatino político del gobierno andaluz.